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El mercurio del pez espada enfrenta a Roma y Madrid

Italia destruye semanalmente exportaciones españolas de grandes pescados al detectar niveles elevados del metal pesado. El Gobierno de Rajoy cuestiona los análisis

La presencia de mercurio en los grandes depredadores del mar —sobre todo en el emperador y el pez espada, pero también tiburones como la tintorera y el marrajo— ha abierto una refriega comercial y de salud pública entre España e Italia. El país transalpino retiró del mercado y destruyó el año pasado 50 lotes de origen español —casi uno por semana— de estas especies al detectar en ellos niveles de mercurio superiores al máximo legal fijado por la Unión Europea (UE), de un miligramo por kilo. Un informe del Gobierno español, sin embargo, cuestiona los análisis hechos por las autoridades italianas y considera que están causando pérdidas millonarias injustificadas a los productores nacionales.

El litigio tiene en vilo a un sector que mueve más de 500 millones de euros al año solo con estas especies, de las que dependen un centenar de barcos y más de 2.000 empleos. “Están destruyendo envíos de varias toneladas que valen decenas de miles de euros de forma incomprensible”, se queja Emilio Martínez, de la empresa gallega Espaderos del Atlántico. “Nosotros sometemos cada lote a estrictos análisis que dan resultados muy por debajo del límite y que luego en Italia los superan. Hay algo que no encaja”, añade.

Según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, la flota española es de largo la mayor productora mundial de emperador y pez espada, nombres que se utilizan indistintamente para especies muy parecidas entre sí. Italia, a su vez, es el principal consumidor y cada año importa de España unas 15.000 toneladas, valoradas en más de 120 millones.

Los datos del sistema de alertas rápidas en seguridad alimentaria de la Unión Europea (RASFF, en sus siglas en inglés) ilustran la magnitud del litigio. Si todo el comercio de pescado entre los 28 Estados miembros motivó en la última década 459 alertas por la presencia de mercurio, solo las lanzadas por Italia por pez espada y tiburón españoles representan dos terceras partes del total (295). La alerta es la notificación más grave sobre una incidencia alimentaria que prevé la UE y exige la retirada y destrucción del producto al considerarse que entraña un riesgo para la población.

Las repetidas alertas italianas han catapultado en la última década a España hasta los primeros lugares de la denostada lista de los 10 países del mundo cuyas exportaciones alimentarias más avisos generan en la red europea de seguridad alimentaria. Este hecho llevó al Gobierno español a mover ficha en 2015 ante “las grandes repercusiones económicas y comerciales” del caso, según consta en un informe remitido a la Comisión Europea a cuyas conclusiones que ha tenido acceso EL PAÍS.

El estudio, hecho por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición analizó con detalle 35 casos en los que Italia había notificado la presencia excesiva de mercurio. El objetivo era aclarar, entre otras cuestiones, hechos aparentemente inexplicables como los 24 lotes que en origen habían dado resultados negativos y que al llegar en Italia hicieron saltar las alarmas.

La agencia española, que ha declinado ofrecer más información sobre su trabajo, puso el foco en lo que, según todas las fuentes consultadas, está en el origen de la controversia: la forma en la que se toman las muestras para realizar los análisis. “El mercurio se acumula a lo largo de la vida de los grandes pescados en los tejidos grasos”, explica Victòria Castell, jefa de servicio en la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria. Por ello, Juana Parada, directora de la asociación de productores Organización de Palangreros Guardeses, lamenta que “si de un lote solo se analizan los ejemplares más grandes, y por tanto, de más edad, o la muestra se coge de la parte más grasa del pescado, los resultados de mercurio saldrán más altos”. “Esto puede llevar a destruir todo un lote por unas muestras mal tomadas”, añade.

Para evitar estos problemas, la normativa europea detalla exhaustivamente en el reglamento 333/2007 cómo las muestras deben ser tomadas y analizadas, de forma que los resultados sean lo más ponderados posible. Y es aquí donde España cuestiona los análisis italianos, hasta el punto de sostener en el informe que “en el 95% de las notificaciones investigadas” no quedaba acreditado que se hubieran cumplido “los procedimientos de muestreo” establecidos.

EL PAÍS ha tratado de obtener, sin éxito, la versión del Ministerio de Sanidad italiano sobre las conclusiones del informe español. La respuesta que ofrecieron a la Comisión Europea en 2015 era negar que sus análisis incumplieran los “requisitos del reglamento 333/2007”. En cualquier caso, las gestiones del Gobierno español no parecen haber surtido efecto alguno. Desde la elaboración del informe, las alertas se han seguido repitiendo hasta alcanzar el año pasado, con 50, su nivel más alto en una década.

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